El exportavoz de Batasuna Arnaldo Otegi se ha atribuido el "cambio de estrategia" que, a su juicio, ha experimentado en los últimos meses la izquierda abertzale para "pasar de una estrategia que combinaba la violencia armada con la lucha política a una estrategia de corte sólo pacífico y democrático".
Si eso es delito, yo soy culpable y nosotros somos culpables"Si eso es delito, yo soy culpable y nosotros somos culpables, si eso no es delito, evidentemente nosotros somos inocentes", ha indicado Otegi durante su declaración en el juicio que se sigue desde este lunes contra él y otros siete dirigentes de la izquierda abertzale por intentar reconstruir la ilegal Batasuna mediante el proyecto Bateragune.
"No voy a negar en absoluto mi actividad política, ni la mía ni la de mis compañeros. En ese sentido me voy a reafirmar en ella porque yo entiendo que efectivamente la labor que hemos desarrollado iba encaminada fundamentalmente a buscar un objetivo, que era el cambio de estrategia en la izquierda abertzale", ha señalado Otegi al comienzo de su declaración.
A preguntas del fiscal Vicente González Mota, al que sí ha querido contestar a diferencia de los otros dos acusados que declararon por la mañana, Otegi ha señalado que iba a dividir su discurso en tres apartados, uno de ellos era el relativo a "la confirmación y afirmación" de su actividad política.
El exportavoz de Batasuna, que de esta forma quería "agilizar el trámite y dejar claro el sentido" de sus respuestas, ha señalado que negará su integración y la del resto de los acusados en el órgano Bateragune "desarrollando labor de estrategia de corte político-militar", y ha avanzado que en otros casos "matizará" algunas de las acusaciones del Ministerio Fiscal.
Si eso es delito, yo soy culpable y nosotros somos culpables"Si eso es delito, yo soy culpable y nosotros somos culpables, si eso no es delito, evidentemente nosotros somos inocentes", ha indicado Otegi durante su declaración en el juicio que se sigue desde este lunes contra él y otros siete dirigentes de la izquierda abertzale por intentar reconstruir la ilegal Batasuna mediante el proyecto Bateragune.
"No voy a negar en absoluto mi actividad política, ni la mía ni la de mis compañeros. En ese sentido me voy a reafirmar en ella porque yo entiendo que efectivamente la labor que hemos desarrollado iba encaminada fundamentalmente a buscar un objetivo, que era el cambio de estrategia en la izquierda abertzale", ha señalado Otegi al comienzo de su declaración.
A preguntas del fiscal Vicente González Mota, al que sí ha querido contestar a diferencia de los otros dos acusados que declararon por la mañana, Otegi ha señalado que iba a dividir su discurso en tres apartados, uno de ellos era el relativo a "la confirmación y afirmación" de su actividad política.
El exportavoz de Batasuna, que de esta forma quería "agilizar el trámite y dejar claro el sentido" de sus respuestas, ha señalado que negará su integración y la del resto de los acusados en el órgano Bateragune "desarrollando labor de estrategia de corte político-militar", y ha avanzado que en otros casos "matizará" algunas de las acusaciones del Ministerio Fiscal.
Piden 10 años de cárcel
Otegi se sienta en el banquillo junto a otros siete dirigentes abertzales, para quienes el fiscal pide 10 años de cárcel por intentar reconstruir la formación ilegalizada a través del grupo Bateragune. Miembros de Aralar y de ERC han acudido a primera hora a la Audiencia Nacional para mostrar su solidaridad con ellos.
El juicio, que se celebrará hasta el 7 de julio, tiene lugar unos días después de que la izquierda abertzale, a través de Bildu, haya entrado en las instituciones vascas y navarras, e incluso uno de sus representantes, el periodista Martín Garitano -elegido diputado general de Guipúzcoa- haya lucido un pin con el número de recluso de Otegi.
Nuevas pruebas de la defensa
El primero en declarar ha sido Rafael Diez Usabiaga, ex secretario general de LAB -en libertad bajo fianza-, que sólo ha querido contestar a las preguntas de su defensa. Justo antes, el juicio se ha suspendido durante cinco minutos al solicitar la defensa de los ocho acusados la admisión de nuevas pruebas, entre ellas la declaración jurada de varios dirigentes de EA.
Otro de los abogados de la defensa, Íñigo Iruin, ha pedido que se incorpore un documento interno de ETA en el que la banda terrorista criticaba a la izquierda abertzale por cuestionar su estrategia. El letrado ha señalado que ha obtenido el documento porque fue aportado por la Policía en el procedimiento seguido en el Tribunal Supremo para estudiar las demandas del Gobierno y de la Fiscalía contra la inscripción de Sortu como partido político.
Otro de los abogados de la defensa, Íñigo Iruin, ha pedido que se incorpore un documento interno de ETA en el que la banda terrorista criticaba a la izquierda abertzale por cuestionar su estrategia. El letrado ha señalado que ha obtenido el documento porque fue aportado por la Policía en el procedimiento seguido en el Tribunal Supremo para estudiar las demandas del Gobierno y de la Fiscalía contra la inscripción de Sortu como partido político.
Petición de 14 años
Además de a Otegi y Usabiaga, el fiscal acusa a la extesorera del PCTV-EHAK Sonia Jacinto; a Miren Zabaleta, hija del coordinador general de Aralar, Patxi Zabaleta, y a Arkaitz Rodríguez, juzgado y absuelto en 2006 por pertenecer a los aparatos de captación e información de ETA.
Los otros tres acusados son José Luis (Txelui) Moreno Sagües, candidato al legislativo foral en una lista que fue ilegalizada, José Manuel Serra y Amaia Esnal, que quedaron en libertad con una fianza de 10.000 euros.
Por su parte, la acusación popular, ejercida por la asociación Voces contra el Terrorismo Verde Esperanza pedirá 14 años de cárcel para cada uno en el juicio, en el que declararán unos 70 testigos: 40 agentes de las Fuerzas de Seguridad y una treintena de testigos, entre ellos históricos dirigentes de HB-Batasuna, portavoces sindicales o presos etarras.
Tasio Erkizia, Rufi Etxeberria, Adolfo Araiz o Floren Aoiz, procesados estos tres últimos en la causa que se investiga la subordinación de Batasuna a ETA y la financiación de la banda a través de las "herriko tabernas" -en la que también está pendiente de ser juzgado Otegi- serán algunos de los testigos.
La tarea de Bateragune era llevar la confrontación política hasta el punto más álgidoSegún el fiscal Vicente González Mota, la tarea de Bateragune era la de "llevar la confrontación política hasta el punto más álgido" para lo que actuaba en una doble dirección: la "neutralización de cualquier espacio de la izquierda abertzale sin ETA" y la "acumulación de fuerzas para la construcción nacional a través de un polo soberanista subordinado a los fines y métodos de ETA".
Para ello, señala el escrito de conclusiones provisionales, Bateragune trataría de deslegitimar "cuantas instituciones provienen del marco constitucional", que para el entramado terrorista "no es sino el marco particionista de una nación que pretenden imponer".
Estrategia y reuniones
La forma de articular este polo soberanista pasaba por llamar a la incorporación de organizaciones políticas como EA, Aralar, AB (Abertzaleen Batasuna) y el sindicato ELA "al espacio de lucha en la confrontación entre Euskal Herria y el Estado".
Así, añade el fiscal, ETA diseñó como método de trabajo la combinación de "parones en la lucha armada", que propiciarían los acuerdos necesarios para constituir el polo soberanista, con la acción terrorista armada.
ETA diseñó como método de trabajo los "parones en la lucha armada"La función de Bateragune se concretó en la convocatoria de diversos actos públicos -ruedas de prensa, entrevistas, comunicados de la izquierda abertzale- cuyo objetivo era"camuflar" las actuaciones terroristas bajo las coordenadas de un supuesto conflicto político y deslegitimar la actuación del Estado.
Dentro de esa estrategia, agrega el escrito, entre abril y agosto de 2009 ETA asesinó al inspector de Policía Eduardo Antonio Puelles y a dos guardias civiles en Palma y atentó contra la casa cuartel de Burgos.
Las reuniones de los integrantes de Bateragune, que el fiscal fija al menos en diez desde la primera celebrada el 17 de abril de 2009, se realizaban en la sede del sindicato LAB en San Sebastián, donde fueron arrestados Otegi, Díez Usabiaga, Jacinto, Zabaleta y Rodríguez el 13 de octubre de ese año.
González Mota acusa también Otegi de reunirse directamente, o a través de otros, como Santiago Orue, con etarras presos o responsables de Batasuna como Ibon López Arbulu, Juan Francisco Gómez y José Luis Elkoro, para lo que se desplazó al menos en dos ocasiones a Francia, quebrantando la prohibición de abandonar el territorio nacional que le había sido impuesta como medida cautelar.
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