Jáuregui ha rechazado las "agresiones" e "insultos" a los diputados catalanes frente al Parlament, ha recordado que son los representantes del pueblo, y ha hecho hincapié en que la democracia se puede perfeccionar, pero no sustituir.
En su respuesta a una interpelación del diputado de ERC Joan Ridao sobre medidas para profundizar en la credibilidad, transparencia, austeridad y los controles democráticos de las instituciones, Jáuregui ha aludido a las protestas que están protagonizando hoy los indignados frente al Parlamento catalán.
La democracia no tiene alternativa, no hay contramodelo almodelo democrático. Se puede perfeccionar, pero no sustituir", ha proclamado el ministro de la Presidencia.
"Las agresiones e insultos a los políticos son agresiones a representantes del pueblo. Admito la protesta de dos mil, pero quiero recordar a esos dos mil que ha habido 3.200.000 catalanes que han votado a estos representantes", ha recalcado Jáuregui en alusión a los concentrados frente al Parlament.
Reforma electoral
Ha recordado que los partidos son los que aseguran que la soberanía popular pueda materializarse y que, aunque sus representantes puedan ser "más transparentes" o ejercer su labor "con más proximidad" o "austeridad", no son "sustituibles". "Son elegidos por el pueblo y esa es la única democracia que nunca deberíamos de cuestionar", ha remachado el ministro.
Ha abogado por "mantener siempre" la demanda de una mayor calidad democrática y enriquecer, modernizar o perfeccionar el sistema pero sin olvidad "nunca" que el debate "no debe de cuestionar la democracia en sí" ni la "legitimidad de sus representantes".
Ha abogado por mantener mayor calidad democrática pero sin coaccionesHa añadido que tampoco se debe "adjetivar" la democracia ni "simplificar" el debate sobre su perfeccionamiento y ha recordado que no hay "fórmulas milagrosas" para reformar la ley electoral. "No hay una ley electoral perfecta", ha apostillado.
Jáuregui respondía así a la interpelación de Ridao quien ha mostrado su "más firme rechazo" ante "cualquier intento de coartar el legítimo derecho" de los parlamentarios catalanes de ejercer su labor como representantes de los ciudadanos.
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